Energía limpia y oportunidades pospandémicas.

El objetivo de la política energética del presidente López Obrador es fortalecer la industria petrolera nacional para promover el desarrollo económico y reducir nuestra dependencia de combustibles importados del exterior. El presidente tiene parcialmente razón: invertir en la industria energética a nivel nacional puede realmente lograr la autosuficiencia e impulsar el crecimiento económico. Sin embargo, por muchas razones, apostar por la energía petroquímica no es el camino al éxito. Por un lado, la nueva refinería no es viable financieramente. Por otro lado, desperdiciar el potencial del país para producir energía limpia no solo tendrá un efecto negativo en el medio ambiente, sino también en las políticas sociales propuestas por este gobierno.

México tiene una profunda conexión histórica con el petróleo. En la década de 1930, el petróleo de México fue confiscado, lo que resultó en la nacionalización de todas las compañías petroleras extranjeras que operaban en el país (incluidas todas las reservas de crudo). En las décadas siguientes, la producción de petróleo (ahora controlada por el estado) convirtió al petróleo crudo en un importante contribuyente a las finanzas públicas del país. Desde entonces, el lema «el petróleo pertenece a todos los mexicanos» se ha convertido en parte de la cultura energética de México.

Hoy, sin embargo, México se ha convertido en un país dependiente de los combustibles fósiles: se estima que el 70% de la gasolina del país y casi el 50% de su consumo de gas natural proviene de Estados Unidos. La dependencia del gas natural se debe en gran parte a los bajos costos de importación. En cuanto al petróleo, una de las razones por las que el país no puede alcanzar la autosuficiencia en gasolina es que Pemex tiene una capacidad de refino del 40% y es la petrolera más endeudada del mundo.

En México, el gobierno conservador siempre ha sido promotor de leyes y acuerdos internacionales para proteger el medio ambiente. Por ejemplo, bajo el liderazgo del gobierno de Felipe Calderón, México es una de las primeras economías emergentes en promulgar leyes sobre cambio climático. Sin embargo, estos gobiernos no cuentan con la capacidad política necesaria para implementar estas normas y cumplir con los compromisos internacionales.

Ahora que afrontamos la crisis económica de una pandemia, estas consideraciones son más urgentes que nunca. La economista Marianna Mazzucato señaló que la recuperación pospandémica brinda una oportunidad única para que los países construyan una economía que enfrente el cambio climático. Mazzucato explicó que muchas empresas multinacionales buscarán apoyo del gobierno a través de préstamos o políticas fiscales. La economista cree que en lugar de brindar un apoyo incondicional a las empresas, la Unión Europea ya lo ha hecho, y los gobiernos pueden condicionar estas ayudas a la adopción de políticas medioambientales. La crisis actual requerirá inversiones públicas y privadas para estimular el crecimiento económico En esta economía, el gobierno puede tomar nuevas formas de invertir en industrias como la energía renovable, que ya ofrece mayores rendimientos que los combustibles fósiles.

México se encuentra en una posición particularmente ventajosa para aprovechar la crisis pandémica para promover una economía más limpia. En términos de energía renovable, México tiene una ventaja geográfica única. El país está ubicado en el llamado «cinturón solar», que es el área del planeta que recibe más luz solar. India ha aprovechado al máximo su posición en el cinturón solar y se ha convertido en pionera en energía fotovoltaica. Además, México tiene tipos de suelo que promueven la biomasa. Brasil utilizó esta energía en la década de 1980 y ahora se ha convertido en el principal exportador mundial de biocombustibles.

Del mismo modo, a largo plazo, la energía limpia ha demostrado generar empleo. La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) estima que para el 2050, 42 millones de personas estarán trabajando en el sector, cuatro veces el nivel actual. El caso de Sudáfrica muestra que la energía renovable tiene el potencial de crear puestos de trabajo en comunidades desfavorecidas.

El gobierno mexicano puede establecer nuevas relaciones con el sector privado y cambiar el rumbo de la inversión pública a través de políticas de energía sostenible. Mediante este reposicionamiento, el gobierno puede utilizar las características geográficas del país para reducir su dependencia de los combustibles fósiles, lograr la autosuficiencia energética y diversificar la economía para diferenciarlo del gobierno anterior. Al mismo tiempo, la agenda ambiental puede complementar las políticas sociales del gobierno para proteger a las comunidades vulnerables de los efectos del cambio climático. Para beneficio de todos, esperemos que en el futuro podamos hablar de Solarmex en lugar de Pemex.

Nathali Sandoval

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