La Suprema Corte anuló 22 ​​disposiciones de la política energética de AMLO por beneficios indebidos a la CFE.

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La Segunda Sala revocó los principales puntos de la política de la Sener emitida el año pasado, que ha provocado grandes desacuerdos y ha sido impugnada por las empresas afectadas en los tribunales.

La SCJN anuló una parte importante de la política energética del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó una serie de regulaciones, lo que constituye un serio revés para el presidente de México.

Los ministros que integran el segundo tribunal de la Suprema Corte del país votaron 4-1 a favor, declarando que la disputa constitucional interpuesta por el organismo regulador autónomo mexicano es aceptable y parcialmente resuelta. La única objeción fue el presidente de Sala Yasmín Esquivel Mossa propuesto por López Obrador a la Corte Suprema.

El tribunal aprobó las cinco disposiciones vigentes del “Acuerdo sobre Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional Cenace” emitido por la Sener (Secretaría de Energía) el 15 de mayo de 2020 mediante sentencia.

Sin embargo, el juez del Segundo Juzgado de la Sal declaró la nulidad del artículo 22, lo que revirtió los principales puntos de la política de Sener emitida el año pasado y provocó grandes desacuerdos.

Las empresas afectadas enfrentaron una serie de impugnaciones en los tribunales, así como fricciones y conflictos entre Gobiernos Aliados.

Es precisamente por la intención del gobierno de López Obrador y el acuerdo (hoy en gran parte inválido) de fusionar las empresas productoras del estado: CFE (Comisión Federal de Electricidad) y Pemex (Petróleos Mexicanos), que son sus críticas señalan que se trata de una contratiempo porque depende de una energía que no cumple con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Es precisamente por la intención del gobierno de López Obrador y el acuerdo (hoy en gran parte inválido) de fusionar las empresas productoras del estado: CFE (Comisión Federal de Electricidad) y Pemex (Petróleos Mexicanos), que son sus críticas señalan que se trata de una contratiempo porque depende de una energía que no cumple con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Sin embargo, luego de que el mencionado acuerdo fuera publicado en el DOF (Boletín Oficial de la República Federal), la Embajada de Canadá en México y la Unión Europea advirtieron sobre los riesgos de la inversión extranjera en el sector de las energías renovables.

Después de varios contratiempos en las cortes y tribunales federales, Cofece impugnó a la Corte Suprema que determinara si el Acuerdo de Senner impedía la competencia económica y la libre competencia en el mercado de generación y suministro eléctrico.

“Afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia”, argumentó la Cofece en su momento.

Según el fallo, la mayor parte de esta herramienta de política energética desarrollada por López Obrador otorga a CFE «ventajas propietarias e indebidas», «distorsionando» el mercado en condiciones de competencia justa.

Además, la Corte Suprema sostuvo que el documento es un acto administrativo y no contiene reglas generales. Finalmente, enfatizó que Cenace “no tiene competencia para rechazar solicitudes de Estudios de Interconexión, ni para dictaminar sobre permisos de generación de energía eléctrica”.

Nathali Sandoval

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